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II.   RESEÑAS

12.
¿Qué reglas aplicamos a nuestras sociedades cotizadas?

Ignacio Ferrando Miguel

Libro: Derecho de sociedades anónimas cotizadas. Estructura de gobierno y mercados.

DE TODOS ES conocido que nuestro ordenamiento no dispone de un régimen jurídico (que pueda llamarse) completo para las grandes sociedades anónimas, y particularmente para la sociedades cotizadas o bursátiles. De la misma forma, también es pacífico aceptar que el diseño normativo que se estableció en 1989 para nuestras sociedades anónimas –es decir, la Ley de Sociedades Anónimas– no es el más idóneo para lidiar con las particularidades derivadas del tamaño o, si se prefiere, la escala de esas sociedades.

Y esto es así porque, por un lado, el hecho de que esas sociedades cuenten con un elevadísimo número de accionistas ha supuesto que, por simples razones de eficiencia económica (apatía racional), muchos de ellos hayan renunciado a ejercer sus derechos políticos más significativos: la asistencia y el voto en las juntas generales (absentismo), y que, acto seguido, ese vacío en el poder decisorio haya sido rápidamente ocupado bien por los managers o, como es más frecuente en las sociedades europeas, por los socios de control (disociación entre propiedad y control). Por otro lado, también es evidente que el enorme volumen económico de esas sociedades ha supuesto la aparición de nuevos fenómenos (p.e.: grupos de sociedades, procesos complejos de concentración empresarial, globalización de actividades e intereses, etc.) que inicialmente el legislador no tuvo en mente (globalización societaria).

En toda Europa estas nuevas circunstancias han provocado diversas reacciones normativas que, con una u otra orientación y mayor o menor intensidad (p.e. en Alemania, Italia, Suiza, Gran Bretaña, etc.), están convulsionando el marco normativo de las sociedades cotizadas. Y, precisamente, éste es el entorno en el que se incardina la obra que ahora examinamos: exponernos rigurosamante en una serie de trabajos coordinados el entramado normativo de las sociedades cotizadas españolas.

Desde una óptica sistemática, la obra se divide en dos partes. La primera expone seis reflexiones de especialistas extranjeros sobre la normativa reguladora de las sociedades cotizadas en los países más destacados de nuestro entorno. Esté pórtico no es, sin embargo, una exposición descriptiva de los principales rasgos de cada uno de esos sistemas, sino que su objetivo es otro bien distinto: ofrecer a los lectores una visión privilegiada sobre algunos de los temas más candentes del gobierno de sus compañías cotizadas (p.e.: el papel de la junta de socios en el ordenamiento alemán, la nueva estructura de la administración societaria en Italia, la función que deben desempeñar los gatekeepers en el control de las sociedades bursátiles, las peculiaridades del actual sistema francés de presidencia disociada, etcétera).

La segunda parte, más extensa, recoge las contribuciones de los autores españoles sobre la estructura jurídica de nuestras sociedades cotizadas. La sistemática aquí empleada varía un tanto de la tradicional, ya que, además de una introducción sobre las reglas de corporate governance en nues- tro sistema societario y su impacto en las sucesivas reformas legislativas, agrupa las restantes aportaciones alrededor de cuatro capítulos que examinan las principales manifestaciones tanto de aquella disociación entre propiedad y control como de la globalización societaria.

Por ello, un primer bloque de trabajos se dedica a examinar la denominada reactivación de la junta general de socios o, como ya se ha dicho con indudable acierto, las medidas encaminadas a despertar al socio dormido. En este grupo se incluyen los excelentes estudios destinados a dilucidar cuál es el papel que ha de desempeñar en nuestro sistema societario el extraño reglamento de la Junta General (p. 289 y ss.) o los límites de los nuevos instrumentos electrónicos al alcance del socio para participar en las juntas y, muy especialmente, los problemas que está planteando la introducción en España de la asistencia y voto electrónico en las juntas de accionistas (p. 375 y ss.) o, en fin, los trabajos que exponen cómo, en esas sociedades cotizadas, la función desempeñada por el tradicional derecho de información del accionista se desempeña más eficazmente por otras herramientas informativas –p.e.: información en páginas web, comunicaciones por e-mail, etc. (p. 329 y ss). También deben incluirse en este bloque las inteligentes reflexiones sobre la problemática que suscita la captación del voto mediante mecanismos de representación pública (p. 399 y ss.) o, en fin, las que nos introducen en lo que pueden ser las siguientes aspiraciones del legislador y, en especial, dos muy significativas: el estudio sobre las asociaciones de accionistas, que, presentes en otros sistemas jurídicos, está iniciando su andadura en España (p. 503 y ss.), y la necesidad de revisar profundamente el régimen de impugnación judicial de los acuerdos adoptados en junta, como, por otra parte, también ocurre en los países de nuestro entorno (p. 617 y ss).

Un segundo grupo de trabajos orbita alrededor de los aspectos más relevantes de la administración de nuestras sociedades bursátiles. Y aquí se encuentran tanto aportaciones sobre temas de actual discusión en la literatura europea –p.e.: la utilidad y límite de la creación de valor para el accionista como criterio que pretende sustituir al tradicional interés social (p. 851 y ss.)– como una excelente exposición de nuestro sistema de administración monista en comparación con los actualmente imperantes en otros países europeos (p. 727 y ss.). Estos trabajos se engarzan muy bien con las siguientes contribuciones destinadas a lidiar con el impacto que está suponiendo en nuestro sistema legal la indudable especialización de funciones en el seno del Consejo de Administración (p. 769 y ss.) y, en especial, la repercusión que esa distinción de tareas puede tener en el ámbito de la responsabilidad (p. 1029 y ss). Es decir, otras aportaciones de valía que pueden consultarse en esta obra se dedican a desmenuzar el contenido de los deberes de los administradores, y en particular a examinar el significado del deber de lealtad y diligencia (p. 915 y ss.) o del deber que pesa sobre los administradores de mantener en secreto las informaciones confidenciales de la sociedad (p. 991 y ss.), así como a exponer los problemas que presenta la otra cara de la moneda, esto es: la retribución de administradores (p. 1055 y siguientes).

Aquella disociación entre propiedad y control es también el leit motiv que aúna otros trabajos: los referidos a los medios de control sobre la actividad desarrollada por los administradores y organismos de control. Y aquí han de incluirse las contribuciones sobre la función de la auditoría de cuentas en el sistema de gobierno de nuestras cotizadas (p. 1621 y ss.), el examen de las tareas que el legislador ha encomendado al novedoso comité de auditoria (p. 1087 y ss.) o, por acabar, la inteligente reflexión sobre el papel que está teniendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el proceso de reforma del buen gobierno de nuestras sociedades cotizadas (pp. 1477 y ss).

Y, en suma, y todavía refiriéndonos a dicha disociación, aún ha de advertirse que no faltan los trabajos dedicados a examinar un recurso jurídico que hoy en día puede calificarse de imprescindible en el buen gobierno de la sociedades cotizadas: la información societaria. En este entorno deben incluirse los estudios sobre la comunicación al mercado de los llamados pactos parasociales entre socios (p. 1167 y ss.), que, como el lector adivinará, no es más que un acuerdo social sin publicidad, salvo que se imponga su difusión; también acerca de la obligación genérica de confeccionar un informe anual de gobierno corporativo (p. 1445 y ss.) o de comunicar los hechos relevantes al mercado (pp. 1291 y ss.) o, en fin, los destinados a desentrañar el alcance del concepto de participación significativa en una sociedad cotizada como parámetro empleado por el legislador para activar ciertas obligaciones –p.e.: comunicaciones a la CNMV, obligaciones informativas al mercado, etc. (p. 1193 y ss.), o la novedosa obligación (al menos en España) que soportan algunos operadores económicos de informar sobre sus políticas de inversión y voto en las sociedades cotizadas (p. 1241 y siguientes).

Las consecuencias derivadas del segundo fenómeno, esto es: la globalización societaria, también están bien representadas en la obra que examinamos, ya que podemos encontrar contribuciones dirigidas tanto a explorar los perfiles de los mecanismos más relevantes de concentración empresarial –p.e.: la fusión internacional de sociedades cotizadas (p. 1511 y ss.) o la obligación de formular una oferta pública de adquisición de acciones ante los cambios de control en la sociedad (p. 1343 y ss.)–, como a exponer las muchas cuestiones que suscita el voto transnacional (p. 463 y ss.) o, por acabar, las relaciones entre la sociedad europea y la sociedad cotizada (p. 1577 y siguientes).

Este apresurado recorrido sólo puede exponer a vista de águila los grandes temas que se plantean en esta obra. Confío que sea suficiente para que el lector reconozca no sólo la trabazón lógica que guía los temas escogidos o el acierto en la elección de las materias que allí se abordan, sino también, y sobre todo, la oportunidad de contar con una obra donde se analiza con rigor exhaustivo cuáles son las normas jurídicas que rigen nuestras sociedades cotizadas.